Los representantes negaron la cirugía que el gobierno quería hacerle a la justicia especial de paz. El siguiente round será en Senado. Los derrotados: el presidente y el Centro Democrático, el fiscal general y Estados Unidos.
Con 110 votos, la Cámara rechaza las objeciones de Duque a la JEP
“Lo mejor es lo que sucede” es un refrán chino que ilustra que las situaciones siempre acaban por encontrar su propio cauce. Ese enunciado se podría aplicar muy bien al destino que tuvieron este lunes las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP). Como lo anticipaban todos los pronósticos, la Cámara rechazó con 110 votos el paquete de seis propuestas enviadas por el presidente Iván Duque, que solo tuvo 44 votos de respaldo. La nueva coalición tripartita de Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U hizo que al Gobierno no le alcanzaran los números.
Las objeciones se habían convertido en un pulso entre los que habían votado por el Sí y por el No en el plebiscito. Los del Sí tenían la razón jurídica y los del No, la política. Estos últimos sentían que les habían puesto conejo en el plebiscito y que, además, habían ganado las elecciones con un candidato que prometía modificar los acuerdos. Los del Sí, por su parte, consideraban que había que respetar los acuerdos, por imperfectos que fueran, como un compromiso de Estado.
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El presidente justificó las objeciones por inconveniencia, pero en el fondo se trataba de temas constitucionales sobre los cuales la corte ya se había pronunciado y consideraba cosa juzgada. Pero como lo jurídico prima sobre lo político, los defensores del acuerdo ganaron el pulso.
Esas objeciones tenían la particularidad de que la mayoría de la gente que marchaba en favor o en contra no las entendía. Eran puntos complicados de mecánica jurídica, difíciles de entender incluso para los congresistas que las iban a votar. Temas como el delito continuado, la definición del concepto de máximos responsables, la cesación de la acción penal o los conflictos de competencias entre la JEP y la Fiscalía resultaban difíciles de digerir para el colombiano de a pie.
Quienes apoyaron al presidente creían, entre otras cosas, que las objeciones iban a producir un tratamiento penal severo para los exguerrilleros condenados. La contraparte pensaba que las objeciones acabarían con el proceso de paz. Ninguno tenía razón. Los seis puntos propuestos por el presidente seguramente habrían dejado un acuerdo más cercano al concepto tradicional de justicia ordinaria. Sin embargo, la JEP nació precisamente para sacrificar justicia a cambio de verdad, reparación y silencio de los fusiles. Lo que ahora proponía agregar Duque lo había planteado, en su momento, el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero quedó incluido precisamente porque, de lo contrario, no hubieran podido firmar.
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¿Qué implicaciones tiene todo esto para el presidente? En términos políticos definitivamente es una derrota. No solo porque tambalean sus objeciones, sino porque por cuenta de estas nació una megacoalición que estará en capacidad de trancar cualquier iniciativa del Gobierno.
En el nuevo ajedrez político, el presidente solo cuenta con el apoyo del Centro Democrático y de un sector del Partido Conservador. El tema también tuvo implicaciones en la relación entre el Ejecutivo y la rama judicial, pues las propuestas presidenciales desautorizaban decisiones tomadas por la Corte Constitucional.
Sin embargo, la derrota presidencial pone fin a las especulaciones sobre el choque de trenes y le da a Duque la oportunidad de pasar la página -esto en caso de que el Senado ratifique la decisión de la Cámara- para concentrarse en los problemas centrales del país, que son muchos y están enredados. En el fondo, el presidente solo se metió en la aventura de las objeciones para satisfacer el ala radical de su partido, que quería un triunfo para vengar el conejo del plebiscito. La sustancia no era lo importante, y Duque lo sabía. Con esto podrá decirle a la galería furibista que él cumplió con tratar, pero no lo dejaron. Y ante el resto del país se podrá presentar como un demócrata que respeta la institucionalidad al firmar lo que le envíe el Congreso.
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