Sólo en la primera legislatura de la II República se sentaron en las Cortes 151 masones diputados. Fueron 6 presidentes del Consejo de Ministros (Manuel Azaña, Francisco Casares, Diego Martínez Barrio, Manuel Portela, Ricardo Samper y Alejandro Lerroux), 20 ministros y 14 subsecretarios. Masones eran 21 generales, entre ellos Miguel Cabanellas. También Jiménez de Asúa, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz, Eduardo Ortega y Gasset, Ángel Ossorio y Gallardo, Ángel Galarza, Manuel de Irujo, Victoria Kent, Pedro Rico, Augusto Barcia, José Bergamín, José Prat, Niceto Alcalá-Zamora, Demófilo de Buen.

La represión franquista se caracterizó por la ausencia de norma moral. El franquismo, los militares rebeldes y sus partidarios, especialmente la jerarquía eclesiástica, construyeron un tinglado de derecho penal que invirtió el concepto básico de culpabilidad, sometiendo a total servidumbre a la Justicia lo que llevó a enormes aberraciones. Los responsables de todos los males eran el “contubernio judeo-masónico-comunista”, identificado con el régimen Republicano, la personificación de todos los males de España y la causante de innumerables crímenes contra la religión y la patria que debían ser purgados de la forma más dura y sistemática posible.

El derecho penal franquista estableció una inaudita “justicia al revés”, dándose la paradoja de que quienes no se levantaron en armas contra la República, permaneciendo fieles al régimen Legalmente constituido, fueron condenados por adhesión a la rebelión, lo que condujo al paredón a decenas de miles de Republicanos. El franquismo construyó leyes y tribunales Especiales controlados por los “militares” rebeldes. En 1940, los sediciosos crearon el tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, (TERMC), que se encargó de castigar con duras penas de prisión a masones, un tribunal para fusilar a cualquiera que hubiera sido masón. Con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la masonería española fue perseguida y sistemáticamente destruida. Ya del 15 de septiembre de 1936 los franquistas declararon a la masonería contraria a la ley, y sus militantes fueron considerados como criminales de rebelión.

A partir del 18 de julio de 1936 la masonería española sufrió una encarnizada represión, tanto en las personas como en las ideas y símbolos, que superó en crueldad a todas las anteriores que se habían producido en la historia de España. En la denominada zona nazional, la espiral de violencia generalizada que afectó a los Republicanos y a las organizaciones obreras, alcanzó a las organizaciones masónicas, sus sedes fueron allanadas y saqueadas, la documentación confiscada, y los masones detenidos masivamente. El local de la logia Turdetania de Córdoba fue incendiado, y el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife fue incautado y convertido en sede de Falange. Las decisiones del TERMC fueron arbitrarias y jurídicamente aberrantes. Que se podía esperar de un Tribunal en el que no existían garantías para los procesados ni el derecho a un abogado defensor.

Se obligaba, bajo severas penas a quemar todo tipo de papeles masónicos, emblemas, escritos de propaganda, etc., al mismo tiempo que se confiscaban los bienes de la masonería. En 1938, Franco decretó que todas las inscripciones o símbolos de carácter masónico, o que pudieran ser juzgados ofensivos para la Iglesia católica fueran destruidos. El TERMC impartía penas que iban desde el asesinato, la incautación de bienes y la reclusión mayor. Funcionó hasta 1964, siendo reemplazado por el tribunal de orden público, que funcionó hasta 1977.

La persecución de las logias llegó a las zonas más remotas de la España franquista y contó con la colaboración de la Gestapo alemana. Siguiendo los consejos de sus homólogos alemanes, se creó un gran archivo inquisitorial de la represión en Salamanca, que almacenaba la documentación que los delincuentes franquistas requisaban en cada ciudad. La masonería era todo el conglomerado que la sublevación odiaba. El TERMC instruyó algo más de 64.000 expedientes judiciales, una situación de perversa anormalidad, la cifra de masones en activo en 1936 apenas sobrepasaba los 5.000 miembros. Su actuación fue rigurosa y minuciosa, acusando de «crímenes de lesa patria», persiguiendo incluso a masones fallecidos en el siglo XIX.

En muchos casos los masones detenidos eran víctimas de los temidos “paseos, siendo inmediatamente ejecutados con la aplicación del bando de guerra. Posteriormente los tribunales militares dictaron numerosas penas de muerte. Los que salvaron la vida, sufrieron penas de cárcel, depuraciones, inhabilitaciones, siendo éstas la condenas más benévolas, las absoluciones fueron la excepción. El tribunal de responsabilidades políticas incluía condenas económicas a los represaliados, dejando en la miseria a él o a su familia. Los depurados, sancionados, encarcelados, quedaron marcados siempre por el estigma de ser enemigos del nuevo régimen, u situación en libertad vigilada en la España franquista fue siempre precaria.

En otoño de 1958, 2 senadores y un alto militar estadounidenses, fueron recibidos por franco, quien se explayó eufórico: Hay que exterminar la subversión comunista, los judíos, la masonería… Un senador le cortó: “El presidente Eisenhower es protestante, yo soy masón y mi colega en el Senado es judío. Los 3 estaríamos en la cárcel en este país”. Franco se quedó lívido.

Continúa en Parte 2, Los CRÍMENES

Documentos: Tragedia y Represión Franquista en el País Valencià: Condenados e Inhabilitados. La Represión Franquista de los Masones del País Valencià, por (Vicent Sampedro Ramo. Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Eldiario.es (Lucas Marco). La Vanguardia (Francisco Martínez Hoyos). El País (Juan G. Bedoya). La Masonería en Aragón (José A. Ferrer Benimeli). Botas y espadas en la secreta sociedad de la escuadra y el compás: La masonería y los militares en la Historia de España (Alberto Valín Fernández). La Masonería en el Siglo XX (José Antonio Ferrer Benimeli). La masonería bajo la dictadura franquista (Francisco Moreno Gómez)

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española