El proceso de socialización es lo que prepara al individuo para la vida en sociedad, implicando el aprendizaje de pautas, normas y reglas que le van a permitir la convivencia con sus semejantes. De igual forma, la democracia es el modelo de conducción política que traduce una forma de vida, un sistema de organización social del poder.
Entonces si la vida en sociedad exige de una preparación adecuada, la democracia requiere de una escuela, de un escenario en el que se prepare a los ciudadanos para la convivencia y como bien decía Tocqueville, el gobierno local es el mejor.
La vida en democracia requiere de una serie de predisposiciones en las que resulta clave la capacidad de la sociedad para intervenir en sus procesos. La democracia moderna se sustenta en una cultura participativa que exige responsabilidad y compromiso.
El ambiente natural para el aprendizaje de la democracia como modelo de vida no puede ser otro que la ciudad, el municipio como unidad político-territorial fundamental del Estado, constituye el primer escenario para el ejercicio de deberes y derechos políticos.
Resulta indispensable comprender que es en el seno del gobierno local donde deben consolidarse los principios democráticos de la cultura política de cualquier sociedad, si queremos que se convierta en un modelo de vida. La democracia en el municipio se ejerce sobre la base de la conducción de los asuntos de la comunidad orientados por principios de organización, criterios de acción, vocación de servicio, determinación en la solución de conflictos y solidaridad.
La democracia no puede ser un proceso vertical, no puede descansar en la responsabilidad exclusiva de unas élites aisladas de la realidad que a diario enfrenta la sociedad. La democracia debe ser un modelo horizontal de acción que se sustente en la intervención organizada de la sociedad, inspirada en el compromiso y la responsabilidad.
Es indiscutible el valor que tiene para la democracia la capacidad organizativa de la sociedad, identificando y jerarquizando sus necesidades, estableciendo las acciones a emprender, interactuando con los centros oficiales de decisión política al defender las conquistas o exigir la satisfacción de las demandas.
Las comunidades que establecen claramente los objetivos que alientan su organización formal tienen un gran trecho adelantado, pues definen el futuro que aspiran no solo para sí mismas sino también para las generaciones futuras, siendo ése espíritu de trascendencia lo que estimula acciones que no se conforman con lo transitorio o inmediato, construyendo bases sólidas para que la sociedad pueda formarse en una cultura política democrática.
Es imprescindible en cualquier sociedad política la consolidación de una cultura de participación para alcanzar la satisfacción plena de necesidades y aspiraciones comunes. El ejercicio de la ciudadanía exige asumir posiciones ante los asuntos que interesan a todos los miembros de la colectividad reconociendo, además, que la participación debe obedecer a ciertos lineamientos normativos.
Las acciones a emprender por los ciudadanos deben ubicarse en un contexto no sólo de principios técnicos sino también de consenso político. La posibilidad de resolver los problemas sustentándose en acuerdos y negociaciones es una muestra fehaciente del ejercicio de la democracia en la sociedad.
Ahora bien, la sociedad no siempre está preparada para estas exigencias, prueba de ello son los alarmantes indicadores de abstención que demuestran la escasa participación electoral de los ciudadanos, acentuándose este comportamiento en períodos de crisis, lo que obviamente indica la necesidad de estimular e incentivar el rol de un ciudadano más motivado a participar en la resolución de sus problemas.
La justificación quizás sea que los ciudadanos por una parte no conocen realmente sus derechos a participar en determinados procesos decisorios ( a través de las propias Juntas Parroquiales, por ejemplo) y por otra parte hay desconfianza, falta de credibilidad en instituciones que muchas veces han sido débiles para defender a las comunidades o que cuando actúan son otros los intereses que las animan (por lo general de carácter político).
Ello por supuesto tiene una estrecha relación con la ausencia de intervención de las comunidades en la resolución de conflictos. Los canales idóneos como los Juzgados de Paz, concebidos como instancias mediadoras todavía no han consolidado su identidad en el seno de la sociedad, en gran parte porque las estructuras oficiales no han creado las condiciones favorables para ello. En una democracia madura los ciudadanos deben procurar afectar e influir no sólo en las políticas a desarrollarse, sino también en aquello que atente contra la gobernabilidad de la ciudad.
En una democracia no se imponen medidas ni se ejecutan acciones desde instancias superiores de forma arbitraria, la participación precisamente significa que dentro del marco del sistema político, existen canales regulares por medio de los cuales la sociedad manifiesta sus exigencias o apoyos, según sea el caso. La democracia exige el pronunciamiento de los gobernados, pues recordando a Rousseau, de lo que se trata es de la cesión de unos derechos inherentes a la condición humana que a través de un pacto de convivencia, son depositados en unas instituciones con el propósito de alcanzar condiciones estables de gobernabilidad.
En esas condiciones deben quedar suficientemente representados los derechos de los ciudadanos a exigir el cumplimiento por parte de las instituciones de sus responsabilidades para con los ciudadanos, de igual forma los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante canales formales en los asuntos que le interesan. La democracia no puede descansar exclusivamente en las instituciones, debe ser producto de un esfuerzo común por lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene derecho.
Ante esta realidad tenemos por un lado el descrédito institucional y por el otro la apatía de la sociedad. Hace más de diez años la denominada sociedad civil organizada a través de grupo vecinales logró una enorme proyección no sólo ante la opinión pública sino que, también logró afectar niveles decisorios del sistema político.
Sin embargo, por la misma dinámica política, esta iniciativa vio truncada sus aspiraciones, que en algunos casos se debió a la influencia misma de los partidos políticos. Si buscamos una explicación a la indiferencia de la sociedad no ante los asuntos políticos, sino más bien frente a los problemas que afectan su calidad de vida tendríamos que reflexionar sobre el impacto que los partidos políticos han ejercido sobre ella al mediatizarla.
La capacidad de organización debe indudablemente manifestarse de forma voluntaria en la sociedad, pero si ello no encuentra eco en las instancias formales de poder, resulta difícil creer que las comunidades persistirán a sabiendas de no encontrar respuestas a sus demandas. En el caso de los apoyos al sistema, en algunos casos el panorama cambia cuando las comunidades aceptan que aliándose a determinados grupos de poder podrán acceder a soluciones concretas.
El problema de la mediatización de los partidos políticos sobre los canales de participación es que la sociedad no ha madurado una cultura política orientada buscar las soluciones de sus propios problemas.
Se ha dado el caso que en ciertas circunstancias, ante una carencia, una necesidad o una limitación, algunos sectores sociales, en lugar de buscar sus propias soluciones a los problemas que los aquejan, exigen a las agencias oficiales que respondan. Ello muestra la poca capacidad de reacción que tienen ante situaciones adversas, la escasez de interlocutores válidos, la irresponsabilidad del Estado en crear espacios de participación y el exiguo esfuerzo por la consolidación de una cultura política madura.
Lo crucial es que en la gestión municipal una relación distante con la comunidad no puede traducirse en una experiencia democrática. El procesamiento de las demandas requiere de un permanente intercambio de las comunidades bien sea con el ejecutivo o con el legislativo locales. La satisfacción de necesidades de las comunidades no puede estar sujeta a negociaciones de intereses particulares en lugar de colectivos. Las soluciones en alguna medida deben ser producto del esfuerzo de la sociedad misma, pero si el sistema ha procurado que no se desarrolle una cultura de participación, es poco probable que pueda crearse sin contar con los mecanismos y condiciones mínimas.
Cuando el Estado a través de sus instituciones políticas toma decisiones y asigna recursos está generando políticas públicas, que afectan la vida de las comunidades, en el caso del municipio. ¿Cómo puede el sistema político impulsar medidas, estrategias y acciones que no encuentren resonancia en la propia sociedad?
Un reflejo de ello es el grado de conflictividad que se radicaliza en situaciones como aumento de tarifas de servicios públicos (caso del transporte público), prestación deficiente de servicios (agua, aseo urbano) y problemas graves como inseguridad personal, déficit habitacional, etc. El balance casi siempre es desfavorable a la gestión del municipio, salvo contadas experiencias, pues el criterio de eficiencia lo manejamos en sentido unidireccional.
La ciudadanía no puede salvar su responsabilidad al calificar la gestión municipal como ineficiente, olvidándose que su responsabilidad no se circunscribe exclusivamente a la manifestación de exigencias o elaboración de críticas. Todos los que convivimos en la ciudad, tenemos un nivel de compromiso tal, que la gestión exitosa del municipio no dependerá únicamente de la escogencia de nuestros alcaldes y concejales, también será ineludible asumir tareas en la identificación de problemas y la definición de políticas.
En cualquier sistema político, los actores que intervienen tienen un rol que desempeñar, las comunidades no pueden deslindarse del gobierno local, pero las instancias gubernamentales no deben seguir ignorando la necesidad de formar a los ciudadanos en una cultura política del compromiso, pues a ello se debe que tengan que llevar tan pesada carga.
Es por ello el incuestionable valor que tienen para una sociedad políticamente madura, formada en el ideal demócrata, el principio de la solidaridad. Si nos detenemos a pensar qué es lo que hace fuerte a las sociedades, no es otra cosa que la solidaridad, por supuesto acompañada de otros valores igualmente importantes. Si no existiese esa fuerza de cohesión, aún tratándose de solidaridad orgánica, en la que la conciencia colectiva orienta a los individuos en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses individuales haciéndolos compatibles con los colectivos, la situación pudiera parecerse más a la anarquía.
Cuando un Estado no atiende las demandas de la sociedad, en los términos clásicos de eficacia y eficiencia, no queda sino actuar haciendo un frente común. Las comunidades organizadas han demostrado en tiempos recientes, que su capacidad de organización puede ser muy eficaz cuando se tienen claros los objetivos. Pero siguen siendo casos aislados, espasmódicos y reactivos. No debemos esperar que surjan los problemas para actuar en el escenario político. La sociedad civil, las comunidades, los actores sociales deben estar permanentemente monitoreando lo que sucede en su entorno y no esperar a que sean las agencias oficiales quienes tomen las decisiones que afectan la vida de la ciudad.
Como recomendación para el desarrollo democrático del gobierno municipal lo fundamental es comprender que la democracia es una forma de vida, es una actitud, un comportamiento que debe caracterizar a todos los ciudadanos de un país para que sea exitosa.
Y cuando hacemos referencia a todos los ciudadanos, estamos hablando de gobernantes y gobernados, lo que quiere decir que el rol de conducción de los asuntos de la ciudad, en el caso del poder local, no puede descansar solamente en la dirigencia política, pues se trata de una responsabilidad compartida. Por otra parte, la ciudadanía se ha acostumbrado a que son las instituciones quienes desarrollan un rol más activo, ausentándose de las discusiones que verdaderamente le interesan.
La cultura política democrática se manifiesta en el intercambio permanente entre los centros de decisión y los dirigidos. La justificación de nuestro modelo de relaciones se encuentra en que las instituciones políticas han preferido no estimular el desarrollo de un comportamiento participativo en la búsqueda de soluciones de las comunidades, para evitar la cesión de espacios de poder.
No es demasiado simplista pensar que un cambio de actitud pueda hacer de nuestras ciudades esferas para una verdadera convivencia; el desprendimiento de cuotas de poder, aceptando compartir espacios de decisión, pudiera marcar la diferencia de una ciudad ingobernable, sumida constantemente en el conflicto, porque si hay algo que obstaculiza la gestión efectiva de un gobierno, no es el respaldo político que preocupa a muchos gobernantes, es la aceptación de la gente de una gestión comprometida y la confianza, que se puede lograr mediante su participación en la formulación de políticas.
BIBLIOGRAFÍA
· FINLEY, Moses (1980) Vieja y nueva democracia. 1ª edición. Editorial Ariel. España.
· KELLY, Janet (1993) El municipio como sistema político en Gerencia Municipal. Ediciones IESA. Caracas
· Ley Orgánica de Régimen Municipal. (1989) Gaceta Oficial Nº 4.109 Extraordinario
· VALLMITJANA, Marta (2000) Gobierno local: Una escuela para la democracia en Revista SIC Año LXIII Nº 624 Centro Gumilla. Caracas
* Publicado en: Revista Cuestiones LocalesN° 2 Año 2002
Maria Puerta-Riera 