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Gobierno advierte a otros órganos del Estado sobre desbordamiento de casos de COVID-19
Desde el 31 de enero, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, declaró la emergencia preventiva a nivel nacional previamente a la amenaza del covid-19, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogara los contagios del virus como pandemia mundial.
En ese momento el país no registraba ningún caso de covid-19. Sin embargo, el Gobierno activó el Gabinete de Salud Ampliado para trabajar de forma articulada y enfrentar la enfermedad.
El Gobierno del Presidente Bukele propuso un decreto de régimen de excepción para prevenir la propagación del virus, en medio de tensiones y la oposición de varios diputados de la Asamblea Legislativa, que aprobaron con 58 votos esta solicitud a mediados de marzo, a excepción del FMLN, que votó en contra.
Luego de esto, el Presidente Bukele denunció un intento de desmantelar las medidas contempladas en la cuarentena domiciliar nacional, algo que con el tiempo y a más de 100 días de que inició la lucha contra el covid-19 queda demostrado que el confinamiento es el mejor método de prevención.
“Veo a diputados amenazando bloquear las medidas que estamos tomando, personas que violan la cuarentena y quejas que serán llevados a cuarentena. Veo a unos políticos tratando de desmantelar la única protección que tenemos contra una catástrofe sanitaria, veo unos diciendo que no hay que preocuparse porque hay pocos casos”, razonó el jefe de Gobierno, a finales de marzo.
Ya en abril, el Decreto del Régimen de Excepción fue prorrogado. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional lo anuló y, tras esta medida, comenzaron a debilitarse los cuerpos legales que el Gobierno emitió para implementar las políticas sanitarias. Todo esto sucedió entre intentos de diálogo y acuerdos por parte del Órgano Ejecutivo, que frustró la Asamblea Legislativa, entre mayo y junio.
Fue así que el Gobierno del Presidente Bukele perdió facultades legales para enfrentar la pandemia del covid-19, a tal punto que hoy lo único con lo que se cuenta es con el Decreto Ejecutivo 31, que está más enfocado en aspectos de reapertura económica que sanitarios, confirmado por el auge de casos a partir del 16 de junio, día que inició la primera fase del proceso escalonado de reactivación de varios sectores del país.
El jefe de Estado fue enfático en advertir el desbordamiento e incremento de los casos por covid-19 en el país, si le quitaban al Gobierno las herramientas legales y solicitó, tanto a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, que le devolvieran las facultades para enfrentar la pandemia.
“El vector de esta enfermedad es el ser humano, la única forma de detener o al menos reducir su expansión es controlando la movilidad de los seres humanos”, explicó el mandatario, a inicios de junio.
Sin embargo, la negativa del Órgano Legislativo para aprobar una nueva cuarentena ha sido constante, pese a las propuestas del Gobierno, lo que demuestra que no están del lado de defender la vida y quieren desgastar al Órgano Ejecutivo, quitándole las herramientas para desempeñar la responsabilidad constitucional de defender la salud de los salvadoreños.
A la fecha han transcurrido 107 días desde que se registró el primer caso de covid-19 en El Salvador, cobrando la vida de 202 personas. Solo en el periodo de la reapertura económica, que inició el 16 de junio, se han registrado 3,326 casos y han fallecido 128 personas.
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 8 de mayo de 2024, durante la ejecución del régimen de excepción, las autoridades han logrado capturar a 80,044 pandilleros, a quienes les han decomisado un total de $157,389,014 en drogas y $28,535,940 en efectivo, impactando así las fuentes de financiamiento de las pandillas.
El pasado 5 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Abel Antonio Ayala Rivera y a Rubén Alexander Andrade Orellana, mediante una intervención en San Miguel. A estos pandilleros se les decomiso 4,578 gramos de marihuana, valuada en $16,160.34.
«El tráfico de drogas es un flagelo que consume a las sociedades hasta destruirlas y no vamos a permitir que nuestro país repita el triste ejemplo de otras naciones, donde estas estructuras actúan con total impunidad», señaló, en esa ocasión, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Añadió «tenemos un Estado fuerte y dispuesto a frenar a cualquier narcotraficante que busque causar daño a nuestra ciudadanía».
La Policía informó que a Ayala Rivera y Andrade Orellana también se les incautó la cantidad de $2,340 en efectivo y 2 teléfonos celulares.
«Ambos serán entregados a las entidades correspondientes para ser procesados por tráfico ilícito y lavado de dinero y activos. No permitiremos que estos delincuentes continúen perjudicando a la población», publicó la corporación policial.
El tráfico de drogas, las extorsiones y el contrabando de cigarrillos han sido algunas de las principales fuentes de dónde las pandillas obtenían financiamiento.
Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que en 25 meses de régimen de excepción se les han incautado a las maras, además del dinero y drogas, 4,088 armas de fuego de diferentes tipos, entre estas: pistolas, revolver, fusil, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras.
El armamento «era usado por las estructuras para cometer delitos y mantener amenazada a la población», indicó la FGR.
Además, se les han decomisado 8,551 vehículos de diferente tipo: automóviles, motocicletas, microbuses, mototaxis, y otros; los cuales eran utilizados como medios logísticos en su accionar delictivo, según detalló la Fiscalía.
MÁS DE 20,000 CELULARES Y MÁS DE 55,000 PANDILLEROS MS
En comunicaciones, se les ha incautado 20,448 teléfonos celulares; los cuales están siendo sometidos a análisis criminal. Gracias a la información contenida y sustraida de estos aparatos se ha logrado incriminar a miles de mareros.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,044 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
Mientras que, en La Libertad, las autoridades han detenido a 8,763 mareros, de estos, 7,236 forman parte de la MS, 1,477 son de la 18, y 50 pertenecen a otras pandillas.
Además, el 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,044 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las órdenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y procesos judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Josué Isaac Sánchez Corado, quien había sido denunciado como desaparecido por su familia, «no fue víctima de ningún delito».
De acuerdo con las autoridades, sus familiares habían expresado que el joven había sido visto por última vez el 7 de mayo del presente año en Ahuachapán.
«El joven no fue víctima de ningún delito. Él explicó que se fue hacia Guatemala porque sus padres lo regañaron por haber peleado con su hermano menor», aclaró la PNC.
Josué Isaac Sánchez Corado fue denunciado como desaparecido por su familia, quienes lo vieron por última vez el 7 de mayo del presente año en Ahuachapán.
El joven no fue víctima de ningún delito, él explicó que se fue hacia Guatemala porque sus padres lo regañaron por haber… pic.twitter.com/nCtX9siXsG
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 14, 2024
De igual forma, las autoridades relataron que, el domingo 13 de mayo, Josué había decidido «regresar y pidió ayuda a la Policía de Guatemala quienes coordinaron con nuestros equipos para su retorno seguro».
La tarde del lunes, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó el hallazgo de una mujer originaria de República Dominicana en el departamento de Santa Ana.
Se detalla que fue encontrada en San Antonio Pajonal, un poblado fronterizo con Guatemala a 98 kilómetros de San Salvador.
La PNC publicó que el cadáver de la dominicana no presenta ningún signo de violencia. «De acuerdo a la información preliminar, cayó del camión en el que viajaba con otros migrantes de forma ilegal, rumbo a Estados Unidos», destacó la Policía en su cuenta oficial de la red social X.
Reportamos el hallazgo de una mujer sin vida en San Antonio Pajonal, Santa Ana, la víctima es de nacionalidad dominicana.
El cadáver no presenta ningún signo de violencia.
De acuerdo a la información preliminar, cayó del camión en el que viajaba con otros migrantes de forma…
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 14, 2024
Al momento que la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal (IML) realizaron el levantamiento de cadáver le encontraron $6,500 y un teléfono iPhone.
Como parte de las diligencias de investigación, el ministerio público ordenó al IML que se le practique la respectiva autopsia, según la Policía las investigaciones respecto al hallazgo continuarán.
El caso ha pasado a direccionamiento de la Fiscalía General de la República para que junto a investigadores de la Policía se amplíen las pesquisas y obtener información sobre la ruta que la extranjera había seguido e identificar quien era la persona que se encargó de trasladarla en su trayecto por El Salvador.
Las autoridades no han proporcionado por el momento la identidad de la dominicana y de que provincia o distrito de esa nación caribeña provenía.
