Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (8 de diciembre de 2020) – El sector de la cooperativas se encuentra en una aguda crisis financiera que mantiene 21 cooperativas en estado de insolvencia, lo que ha provocado que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) haya orientado sus cañones contra las estructuras que rigen las cooperativas del país con el fin de evitar que la capitalización de esas entidades no afecte a las cooperativas solventes.
Además, la JSF ha requerido que la administración de Pedro Pierluisi y la Legislatura aprueben un proyecto de ley en la próxima sesión legislativa para reorganizar la Corporación de Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC).
El proyecto de ley deberá requerir reservas a las cooperativas afectadas por la inversión en bonos del gobierno y permitir que las cooperativas insolventes sean adquiridas por otras empresas, entre las que podrían figurar la banca.
Tanto el llamado para que COSSEC evite que la capitalización de las 21 cooperativas insolventes afecte a las cooperativas solventes y el requerimiento del propuesto proyecto de ley, figuran en dos cartas que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, le envió el pasado 9 de noviembre al director ejecutivo de COSSEC, Emilio Torres Antuñamo.
En la primera misiva Jaresko advierte que el pasado 29 de octubre COSSEC informó a la JSF que se propone requerir a las 21 cooperativas insolventes un plan de capitalización, en el que el organismo regidor de las cooperativas realizaría una contribución, posiblemente económica, para ayudar en las fusiones voluntarias entre cooperativas insolventes y solventes.
En la carta Jaresko plantea que esa decisión podría ser perjudicial y advierte sobre la posibilidad de que se “comprometan los recursos de las cooperativas solventes, sin necesariamente rehabilitar las cooperativas insolventes”.
“Dadas estas implicaciones financieras, COSSEC debe presentar tanto los planes de capitalización y cómo las cooperativas solventes participarían en la resolución final de las cooperativas insolventes basada en la compra y de activos y pasivos, liquidación o fusión involuntaria”, señala la carta.
La situación es tan grave que Jaresko señaló en la carta que si no se toman medidas urgentes la seguridad financiera del fondo de seguro que administra COSSEC y la estabilidad económica de otras cooperativas solventes se encuentran en grave riesgo.
“El sistema cooperativo y el COSSEC se enfrentan a varios riesgos que podrían socavar su potencial si no se abordan con prontitud. Factores internos y externos han dado lugar a la subcapitalización y la insolvencia de un grupo de cooperativas que, si no se abordan con prontitud, podrían afectar la seguridad financiera de otras cooperativas solventes y del fondo de seguro que administra COSSEC”, sostuvo la directora ejecutiva de la JSF.
Ey Boricua.com le solicitó reacciones a Torres Antuñamo por medio de un correo electrónico y hasta la publicación de esta historia el ejecutivo no había contestado. También se le solicitó una reacción a la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas.
En mensaje de texto, Keyshla Molina, directora ejecutiva de la asociación, sostuvo que “en este momento, no vamos a emitir expresiones. Como es una carta dirigida a Emilio Torres, preferimos abstenernos. En caso de que esta carta se haga pública, me vuelves a contestar y emitimos una expresión”.
Ey Boricua.com le explicó a Molina que las cartas eran públicas, pues se podían acceder a ellas a través de la página de internet de la JSF, pero la ejecutiva no respondió a nuestra aclaración.
En la carta la directora ejecutiva de la JSF también le indicó a COSSEC que si se propone realizar una inyección de capital en las cooperativas insolventes debe explicar la razón de esa decisión y si las cooperativas solventes y las insolventes están de acuerdo.
Ante la posibilidad de que las cooperativas insolventes emitan acciones preferentes para recaudar capital, Jaresko cuestionó el efecto adverso que tal decisión podrían tener debido a que la entidad insolvente se estaría comprometiendo con una obligación financiera futura a favor de los que compren las acciones.
Además, Jaresko planteó la interrogante sobre cómo “planea COSSEC financiar cualquier impacto negativo” de la venta de acciones y cuestionó la tasa de interés que obtendría una entidad insolvente si los fondos recaudados en el plan de capitalización son invertidos o prestado en los mercados financieros.
En la segunda carta Jaresko reconoce el valor de las cooperativas en la isla pero advierte que el Plan Fiscal prevé reformar la estructura organizativa de COSSEC con tres cambios principales: cambiar el sistema de gobierno de COSSEC, aumentar la transparencia en la contabilidad de las cooperativas y mejorar las intervenciones de supervisión.
La funcionaria federal indicó en la carta que para cumplir con estos objetivos se requiere que el gobierno presente legislación por medio de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) tan pronto como en la próxima sesión legislativa que comienza el 11 de enero de 2021.
Jaresko exhortó a Torres Antuñamo a colaborar con AAFAF para que el proyecto estuviera listo el pasado 20 de noviembre de 2020 y la JSF pudiera examinarlo.
En la carta la funcionaria federal estableció claramente los seis elementos que debería contener la medida, que implican una amplia reforma en la manera tradicional de operación de COSSEC y de las cooperativas durante décadas
La JSF exigió cambios en la estructura de gobierno de la Junta de Directores de COSSEC y demandó que en los próximos 5 años todas las cooperativas cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), que son un conjunto de reglas generales que sirven de guía para medir el estado real económico de una empresa, incluyendo una cooperativa.
Además, solicitó la derogación del artículo 11.02 de la Ley 220 del 2015, que enmendó la Ley General de Sociedades Cooperativas, que le impide a COSSEC imponer sanciones ni requerir reservas adicionales a una cooperativa por razón de las inversiones de dicha cooperativa en bonos o pagarés emitidos por el gobierno de Puerto Rico.
También le exigió una enmienda al artículo 7.02 de la Ley 255-2002 o Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, para permitir que instituciones distintas a las cooperativas participen en la resolución final de cooperativas insolventes. Una enmienda que podría permitir que empresas como los bancos comerciales adquieran los activos de cooperativas insolventes.
Otras dos enmiendas exigidas por la JSF es la transferencia de la autoridad reguladora sobre las cooperativas no financieras a la Comisión de Desarrollo Cooperativo para que entre en vigencia en el 2023 y la reorganización administrativa interna entre el Fondo de Seguro de COSSEC y el rol de COSSEC como regulador de las cooperativas.