Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo de un pueblo requiere de la inversión en las capacidades humanas de la gente y de asegurar que el crecimiento económico que éste genera se reparta en forma horizontal y justa. El paradigma de desarrollo humano centra su atención en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y una mejor participación en los indicadores microeconómicos (salarios) y oportunidades en prestaciones de orden social, como educación, salud, empleo, etc.
En ese paradigma, la seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas: desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos. El organismo internacional ha señalado siete componentes básicos de la seguridad humana:
- Seguridad económica. Requiere de una fuente segura de ingresos proveniente de trabajo productivo y remunerativo; seguridad en las fuentes de empleo; acción sobre la mala distribución del ingreso y la pérdida del poder adquisitivo.
- Seguridad alimentaria. Sugiere que la población cuente con los accesos físicos y económicos a alimentos básicos.
- Seguridad en la salud. Es la situación de inseguridad producida por la existencia y diseminación de enfermedades infecciosas y parasitarias en las zonas más vulnerables del mundo y en los padecimientos propios de países altamente industrializados.
- Seguridad personal. Comprende los fenómenos que acentúan los factores de riesgo, vulnerabilidad e inseguridad en la sociedad (asesinatos, violencia física, delitos asociados al narcotráfico, prostitución) y su impacto sobre grupos vulnerables (mujeres, niños).
- Seguridad comunitaria. Se refiere al hecho de que la pertenencia a un grupo social, étnico o racial genera una competencia por la preservación cultural, lo cual puede derivar en situaciones de conflicto, violencia o discriminación intergrupal.
- Seguridad ambiental. Sostiene que los seres humanos dependen, para su óptimo desarrollo, de un ambiente físico saludable.
- Seguridad política. Supone, en forma primordial, el respeto a los derechos humanos elementales, problemas de transición en los regímenes políticos (democracia) y fenómenos de represión estatal.
En comparación con la diversidad de amenazas que contempla la seguridad humana, la seguridad ciudadana resulta un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad ciudadana puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y, más específicamente, con amenazas como el delito y la violencia.
La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los mexicanos. El delito, la violencia y el temor que éstos generan son desafíos que hasta hoy parecen insuperables para el Estado mexicano, de ahí que diversos especialistas centren su atención en esta modalidad específica de la seguridad humana, sin negar que una concepción amplia de la seguridad —que integre aspectos como la salud, la educación y la seguridad alimentaria— es la base de la seguridad ciudadana y del desarrollo humano.
La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna. Esta concepción está centrada en el bienestar de las personas y considera que la provisión de seguridad ciudadana es un requisito indispensable para su desarrollo humano. Asimismo, subraya el papel central que tiene la vigencia real y la tutela de una serie de derechos humanos que son exigibles frente al Estado. Así, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades, por citar sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana.
Este enfoque considera que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende de la construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva, sostenible y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de las personas. En este sentido, la seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social.
Pero las autoridades mexicanas no han asumido el paradigma del desarrollo humano y sólo utilizan el concepto de seguridad pública, que no contempla las raíces de los actos de violencia ni identifica problemáticas sociales prevenibles; confunde la prevención del delito con mayor presencia de policías, videocámaras en espacios públicos o alarmas; conceptualiza a la seguridad pública como el resultado de la aplicación de medidas punitivas –más policías y/o militares, más enfrentamientos, más personas detenidas, penas más duras, más efectos colaterales (sociedad civil lastimada). Y al mismo tiempo reduce salarios y derechos y se desentiende de la corrupción y la impunidad. Estamos en el peor de los mundos con autoridades “que no entienden, que no entienden”.
