El número de inmigrantes indocumentados referido por las autoridades federales a los tribunales de justicia por cargos criminales aumentó 31% en abril, revirtiendo la tendencia a la baja de los pasados dos años.
“La cantidad de referencias criminales enviadas por la Patrulla Fronteriza y otros agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) ha comenzado a aumentar recientemente”, lee un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC en inglés) de la Universidad de Syracuse.
El estudio indica que, de acuerdo con los registros gubernamentales detallados caso por caso obtenidos por TRAC a través de la Ley de Libertad de Información, “durante abril de 2022, CBP remitió a 2,015 personas para su enjuiciamiento penal a los fiscales federales”.
Después de marzo de 2020, cuando el gobierno cerró las fronteras para controlar la pandemia del coronavirus, el número de inmigrantes referidos a los tribunales por cargos criminales había bajado considerablemente.
Dos años después
Dos años después del cierre de fronteras y limitaciones a la inmigración legal, “es la primera vez que las referencias superan la marca de 2,000”, indica el TRAC. Los investigadores hallaron que los niveles en abril de 2022 aumentaron 31% con respecto al año anterior.
“La mayor parte de este aumento ha sido para enjuiciamiento por reingreso ilegal”, una falta que puede enfrentar cargos criminales”, advierte José Guerrero, abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
Por su arte, Jaime Barrón, abogado de inmigración de Dallas, Texas, explicó que “el cargo criminal el gobierno lo aplica a personas con historial delictivo o que han sido deportadas dos o más veces y por sus faltas son inelegibles para permanecer en Estados Unidos”. Barrón agregó que la presentación de cargos criminales no es obligatoria en este tipo de casos, “sino que el gobierno hace uso de su discrecionalidad”.
El reporte del TRAC también señala que “los enjuiciamientos por entrada criminal, que históricamente eran mucho más comunes, pero rara vez resultaron en tiempo significativo de cárcel para los extranjeros, no han mostrado mucha recuperación”. “De manera similar, las referencias criminales de Inmigración y Control de Aduanas no han mostrado un cambio real”, de acuerdo con los últimos datos analizados.
A principios de 2020, el entonces gobierno de Donald Trump invocó procedimientos especiales de control fronterizo, activando el Título 42 del Código de Estados Unidos por la pandemia. La herramienta permitió a CBP impedir la entrada al país de cientos de miles de personas, quienes fueron expulsadas de inmediato.
Según los registros caso por caso obtenidos por TRAC, las referencias de la Patrulla Fronteriza para enjuiciamiento penal se desplomaron de inmediato. En febrero de 2020 habían llegado a casi 10,000, pero se redujeron a solo 295 en abril de ese mismo año.
Trump lo hizo, pero diferente
La herramienta de presentación de cargos criminales por ingreso indocumentado también la utilizó el expresidente Trump durante su mandato, pero de manera diferente.
“Él usó la discrecionalidad para sancionar incluso a inmigrantes que previamente no habían sido deportados y que llegaban a la frontera en busca de asilo, un beneficio legal disponible autorizado por el Congreso”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
La estrategia afectó a unas 2,654 familias cuyos padres, al enfrentar cargos criminales, fueron separados forzosamente de sus hijos. Un informe posterior del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y otro del Congreso, concluyeron que las separaciones forzadas comenzaron en abril de 2017 y continuaron luego hasta principios de enero del 2021, afectando a miles de inmigrantes.
En febrero de este año, un grupo de trabajo creado por el gobierno de Joe Biden para establecer la cifra total de separaciones forzadas en la frontera por la presentación de cargos criminales señaló que unas 1,500 familias todavía no han sido localizadas y que tampoco se tiene un dato exacto de cuántas separaciones hubo porque no existen registros confiables.
Están enviando un mensaje
A la pregunta acerca de por qué Biden utiliza la misma herramienta empleada por Trump, pero en un escenario totalmente distinto al registrado en 2018, Gálvez dijo que “el gobierno está enviando un mensaje de que no quiere extranjeros que han sido deportados previamente por haber cometido delitos o faltas que representan una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos”.
“Estas personas también deben tener en cuenta que, si reciben cargos criminales por asuntos migratorios, como por ejemplo reingreso ilegal, pueden enfrentar penas de cárcel de hasta ocho meses”, agregó.
El TRAC explicó además que, durante décadas, los procesos penales federales por violaciones de inmigración “habían constituido la mayoría de todos los delitos que perseguían los fiscales federales”.
“Pero esto no siempre ha sido el caso. Al comienzo de la administración Clinton, uno de cada diez procesos penales registrados por los fiscales federales adjuntos estaba relacionado con la inmigración. Este porcentaje comenzó a aumentar durante la administración (de Bill) Clinton y continuó aumentando durante la administración del presidente George W. Bush. Durante el año fiscal 2008, el último año completo de la administración Bush, los procesos penales relacionados con la inmigración superaron el 50% de todos los delitos federales por primera vez”.
Durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), “el predominio de los procesos de inmigración continuó. Y alcanzó su punto máximo en el año fiscal 2019, bajo la presidencia de Trump, cuando casi dos de cada tres procesos penales (64%) fueron clasificados por los fiscales federales como relacionados con la inmigración”, añade el informe.
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