El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) respondió hace unos días a la reclamación colectiva por incumplimiento de la Carta Social Europea (la primera de este tipo realizada contra España) en relación con los cortes de electricidad en Cañada Real. En su comunicado, el CEDS admite la reclamación, pero además indica el deber del gobierno español de adoptar medidas cautelares. Esto abre la puerta a posibles nuevas reclamaciones colectivas en relación a derechos vulnerados ante las instituciones europeas.
Reproducimos el comunicado de prensa realizado por la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real y las cinco entidades firmantes (entre las que se encuentra ATD Cuarto Mundo Internacional). En él piden al Estado que cumpla la exigencia del CEDS y restablezca de inmediato el suministro eléctrico en Cañada Real.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo dependiente del Consejo de Europa, ha pedido a España que adopte medidas inmediatas que garanticen el acceso adecuado a la electricidad en la Cañada Real de Madrid, aceptando la solicitud formulada por cinco organizaciones nacionales e internacionales.
La Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, las entidades Defensa de los Niños Internacional (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, organizaciones firmantes de la solicitud, y Gentium, que asumió la coordinación jurídica de la reclamación, se felicitan de la decisión adoptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales y refuerzan su compromiso para seguir exigiendo al Estado que garantice el respeto de los derechos recogidos en la Carta Social Europea.
Javier Rubio, portavoz de Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real, ha señalado que «las asociaciones vecinales de Cañada Real y las organizaciones que las apoyamos en la Plataforma Cívica Luz Ya recibimos con orgullo una decisión que consolida jurídicamente y a nivel europeo nuestras peticiones y, conscientes de los muchos obstáculos que existen por la presión urbanística que sufre la zona, nos anima a redoblar la cooperación y movilización de toda la sociedad para conseguir un restablecimiento urgente del suministro. Ahora más que nunca pedimos luz ya, contratos y mesa de seguimiento. Pedimos justicia para Cañada Real”.
Por su parte, Freek Spinnewijn, director de FEANTSA, ha valorado positivamente la noticia: “Como entidad que ha presentado en el pasado otras reclamaciones colectivas para hacer progresar el derecho a la vivienda en Europa, FEANTSA acoge favorablemente la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales y reclama la necesidad de proteger los derechos y la dignidad de las personas más vulnerables de la sociedad”.
Para Filipe Marques, presidente de MEDEL, “en cualquier sociedad, garantizar el mínimo vital es asegurar el respeto a la dignidad humana, sobre la que descansan los derechos humanos que todos – Estados, individuos y empresas – estamos obligados a respetar. Esta decisión no hace
más que restablecer la dignidad humana de los miles de ciudadanos de la Cañada Real. MEDEL la acoge con satisfacción y espera que el Reino de España la aplique cuanto antes y en su totalidad, demostrando que es un Estado que realmente se basa en – y promueve – el respeto de los derechos humanos.”
Daniel García Blanco, secretario de ATD Cuarto Mundo, ha comentado que “unirse para hacer respetar los derechos de quienes son condenados a vivir en situaciones de extrema precariedad es un deber que debemos asumir todos y todas. Sumando fuerzas y conocimientos podemos lograr que desde instituciones legitimadas para ello, como el CEDS se reconozcan estos derechos. Ahora toca seguir trabajando para que se cumplan sus recomendaciones y se hagan efectivos todos los derechos para todas las personas de la Cañada Real, y que este ejemplo abra nuevos caminos a otras luchas de resistencia y dignidad de quienes viven en mayor pobreza”.
Manuel Rodríguez Núñez, Secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO, declara: “Desde el sindicato nos felicitamos por esta decisión, pionera en España, que deja al Estado Español en una situación lamentable, ya que se corrobora la violación de los derechos humanos en La Cañada Real Galiana. Exigimos a los gobiernos de España, de la Comunidad de Madrid y de los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid que de forma inmediata restituyan y garanticen el suministro eléctrico para toda la población. Sería absolutamente vergonzoso que las vecinas y vecinos de La Cañada, más de 2.000 niñas y niños, se vieran obligados a pasar otro invierno, y sería el tercero, sin calefacción.”
Por último, Alex Kamarotos, director ejecutivo de Defence for Children International “se alegra de esta histórica sentencia del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa al considerar que nuestra denuncia colectiva sobre la población y los niños, niñas y adolescentes de la Cañada Real era admisible, es decir, que España deberá restablecer inmediatamente la electricidad en este lugar en el corazón de Europa. Esta decisión justifica los esfuerzos y la solidaridad expresada durante años y da la esperanza de que los derechos humanos fundamentales y los derechos de los NNA, incluido el derecho a la vida, sean respetados antes de que llegue el nuevo invierno creando más víctimas. Desde Defensa de Niñas y Niños Internacional, instamos a los gobiernos Central, Autonómicos y Locales, a que, junto a los habitantes de la Cañada Real, den una solución integral a dicho asentamiento, retomando el espíritu del Pacto Regional de la Cañada Real, firmado en el 2018, y tomando en cuenta el informe que hizo en el 2020, el Relator de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. Informe que nos presenta una desgarradora y detallada radiografía sobre las condiciones de pobreza y de exclusión social que viven miles de familias en la Cañada Real”.
Primera reclamación colectiva contra España
Las entidades y vecinos de La Cañada Real presentaron el pasado 2 de marzo una reclamación colectiva para denunciar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por España ante el Consejo de Europa, recogidas en la Carta Social Europea, al no asegurar la calefacción y el suministro eléctrico de unas 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real, de las cuales al menos 1.800 son menores. El suministro eléctrico se interrumpió en octubre de 2020 y se prolonga hasta hoy. Además, solicitaban la adopción de medidas cautelares urgentes.
En una decisión sin precedentes, adoptada por unanimidad el pasado 19 de octubre, el Comité exige al Estado que adopte “todas las medidas posibles” con el fin de evitar “daños graves e irreparables a la integridad de las personas” que viven en la Cañada Real y “no tienen acceso adecuado a la electricidad, exponiéndose a riesgos para la vida y la integridad física y moral”. España deberá informar de las medidas adoptadas antes del 15 de diciembre.
El Comité subraya que la falta de energía eléctrica prolongada y recurrente ha tenido un “efecto negativo muy grave en las condiciones de vida de la población afectada, especialmente en lo que respecta a la vivienda, la calefacción y la salud”. Considera que los vecinos de la Cañada privados total o parcialmente de electricidad corren el riesgo de sufrir un daño grave e irreparable, especialmente ante la próxima llegada del invierno.
El Comité también ha admitido a trámite la reclamación colectiva, la primera de este tipo registrada contra España, que tiene hasta el 15 de diciembre para presentar alegaciones.
Impacto de la falta de suministro eléctrico en los derechos reconocidos por la Carta Social Europea
La falta de suministro eléctrico tiene un grave impacto en la vida de las personas afectadas, que no pueden conservar alimentos frescos o ducharse con agua caliente. Provoca afecciones médicas y el empeoramiento de problemas de salud preexistentes. También dificulta el uso de dispositivos médicos esenciales o el mantenimiento seguro de medicamentos.
Como consecuencia del corte continuo de energía eléctrica y de la falta de actuaciones para restablecerlo, el Estado vulnera, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada; el derecho de los niños a la asistencia, a la protección contra la negligencia y la violencia, y a la educación; el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud o el derecho a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, todos ellos recogidos por la Carta Social Europea.
Ante estos hechos, el Estado no ha adoptado hasta ahora ninguna medida para restablecer el suministro o facilitar una alternativa a las personas afectadas.
ATD Cuarto Mundo España 