El gobernador Alejandro García Padilla arremetió contra los alcaldes de San Juan y Carolina, Carmen Yulín Cruz Soto y José Aponte Dalmau, respectivamente, luego de que estos solicitaran al Tribunal Federal intervenir en el pleito incoado por acreedores contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a fin de defender las cuentas de sus ayuntamientos.
Sin embargo, Aponte Dalmau le salió al paso al mandatario y rechazó que se haya unido a los bonistas.
El caso en cuestión es Cruz Soto y Aponte Dalmau, solicitaron al juez federal Francisco Besosa, a través de su abogado John Nevares, que emita una orden de sentencia declaratoria a los efectos de que el dinero depositado en el BGF por los ayuntamientos son de su propiedad y no están sujetos al interdicto que solicitaron los demandantes.
En el recurso legal, contenido en el expediente del caso, se señala que al momento el municipio de San Juan tiene $73,740,509 millones y el Municipio de Carolina tiene $70,140,132, “los cuales son de su propiedad y no están sujetos al interdicto de los demandantes”.
En su carta García Padilla les dice a los ejecutivos municipales que su lealtad y la de su administración “seguirá del lado de la gente, incluyendo aquellos que viven en San Juan y en Carolina, sin olvidar que para que exista San Juan, tiene que existir Puerto Rico”.
“La acción judicial de estos fondos de cobertura de riesgo pone en peligro los servicios fundamentales y por tanto, pretende afectar la salud, la seguridad y la educación de nuestro pueblo. Les confieso que hubiese preferido que se unieran al esfuerzo del Estado Libre Asociado en defensa de la gente. Con sorpresa, veo que la decisión que tomaron fue defender el interés individual de las cuentas de sus municipios, en lugar del interés colectivo de las cuentas de nuestro país”, reza la carta enviada por García Padilla a los ejecutivos municipales.
“Ustedes saben que el acceso a los depósitos de sus municipios siempre estará garantizado para proveer servicios esenciales. Lo único que hemos procurado es que, mientras existe la actual emergencia fiscal, podamos proteger a las niñas y niños que se educan en nuestra escuela pública, a más de un millón de personas que dependen del Plan de Salud del Gobierno y a los tres millones y medio que de enfrentar un fuego o un crimen, necesitan bomberos y policías prestos a protegerlos. Para protegerlos, necesitamos que los recursos sean asignados según la prioridad que debe prevalecer en una sociedad democrática en la que el bienestar colectivo es más importante que el interés particular”, agrega la misiva.
EL VOCERO solicitó una reacción de Cruz Soto, pero al cierre de esta edición no había respondido la petición.
Este medio obtuvo copia de una carta que le envió Aponte Dalmau al gobernador en la que negó que se haya unido a los acreedores al solicitarle al juez intervenir en el pleito.
“Nuestro gobierno municipal no está aliado a ningún grupo de Wall Street como usted malinterpreta. Todo lo contrario, nuestro interés es proteger el dinero de nuestros ciudadanos para la rehabilitación de viviendas, mejoras al sistema de relleno sanitario y la construcción de un proyecto que mitiga el área de inundabilidad que evita que a los residentes de Los Ángeles se les inunden sus hogares. Eso señor Gobernador, es sólo una muestra de la utilización de nuestros fondos para continuar mejorando la calidad de vida de los puertorriqueños que residen en Carolina”, afirmó el alcalde en su misiva.
“La moción que radicamos ante el Tribunal Federal es una solicitud de intervención en una demanda donde se pretende embargar dinero que no le pertenece al BGF, ni a los fondos de inversión (buitres) que están demandando al BGF. Sustancialmente, los $70 MM que se pretenden embargar son de un fideicomiso no embargable”, añadió.
Expuso que la mayor aportación de Carolina es ser un municipio autónomo, autosuficiente y que no solo suple las necesidades apremiantes de sus 180 mil ciudadanos, sino que lo hace sin recurrir al gobierno central y sin ser egoístas, aportando y cumpliendo con su responsabilidad.
“Nuestra prioridad no se aleja de las necesidades del pueblo, señor Gobernador, nosotros también buscamos el bienestar colectivo, pero para continuar haciéndolo, no nos puede desproveer de los recursos que, con tanto esfuerzo hemos logrado, producto de la creatividad y de una administración saludable en tiempos difíciles. Esos $70,140,132 fueron aportados por los puertorriqueños que residen en Carolina, mediante impuestos locales, para los servicios que nos han requerido”, agrega la carta.
Planteó que Carolina anualmente le entrega más de $7 millones para la tarjeta de salud, realiza su aportación para la ayuda gubernamental a municipios pequeños, cumple con su responsabilidad para los Fondos Sociales de Equiparación de Propiedad Mueble e IVU y efectúa responsablemente los desembolsos para las leyes especiales de Sistemas de Retiro, entre otros.
ición impresa de El Vocero.Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Molesto el gobernador con su legislatura por las enmiendas a la Ley de Moratoria
A 11 días de que – el 1 de mayo – el gobierno incurra en el impago de la deuda pública, el gobernador Alejandro García Padilla hizo ayer un “wake up call” a los acreedores para que acepten las propuestas que están sobre la mesa de negociación, o declarará la moratoria que frenaría las demandas por reclamaciones de pago.
“El reclamo de los puertorriqueños para que negociemos tiene que ser a los acreedores”, contestó molesto al reaccionar al proyecto de la Cámara 2864 que limita sus poderes para declarar la moratoria sobre el pago de los bonos de Obligación General (GO’s) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que forman parte de un total de $1,900 millones que vence el 1 de julio.
“La última oferta que nos hicieron los acreedores es un power point de cinco páginas que no tiene tres oraciones por página”, criticó en momentos en que la principal oficial financiera, Melba Acosta Febo, se reúne en Nueva York con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a quienes el gobierno le tiene que pagar $435 millones el 1 de mayo.
Indispuesto a limitar ese poder amplio que le concedió la legislatura, García Padilla aseguró que el único compromiso que hizo con el representante Rafael “Tatito” Hernández para enmendar la Ley de Moratoria – que provee una protección legal contra impagos – era condicionar ese poder de declarar la moratoria a un periodo de cinco días antes del impago en el caso de los bonos de GO’s.
Esa limitación en tiempo dijo que la hubiera firmado, pero no así la exclusión de “todos los bonos y obligaciones que están garantizados por la confianza plena y el crédito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” como propuso el proyecto de la Cámara 2864, aprobado el lunes en ese cuerpo. La medida también excluye a los bonos y obligaciones de Cofina de una declaración de moratoria.
Hernández había acusado al gobernador de faltar a su palabra, pues como parte de la negociación para conseguir la aprobación de la Ley de Moratoria, se comprometió a no vetar las enmiendas que el primer mandatario le había adelantado que presentaría.
En cambio, García Padilla aseguró que el representante Hernández rehusó trabajar el lenguaje de la medida junto a la división de legislación de la Fortaleza, y a pesar de que le recalcó horas antes al presidente de la Cámara, Jaime Perelló, que no cedería ese poder amplio sobre los GO’s.
En contraste con expresiones que hizo más temprano en las que criticó que se legisle a favor de los intereses de Wall Street, García Padilla fue más indulgente con el representante durante una conferencia de prensa más tarde, en la cual dijo que tomaba “por no dichas sus expresiones” porque éste “tiene demasiado crédito en la cuenta de mi cariño”.
García Padilla había establecido en la emisora radial NotiUno que la legislación presentada era producto del cabildeo de compañías de fondos de cobertura provenientes de Wall Street. “A Wall Street (le digo): legislación que traten de pasar, legislación que voy a vetar”, advirtió sobre el proyecto de la autoría de Hernández. También pareció minimizar el esfuerzo del representante al recalcar que “esto (la insostenibilidad de la deuda) es más profundo que lo que discutió un cabildero en la oficina de un legislador”.
Sin embargo, en la tarde García Padilla reservó su diatriba para los acreedores de bonos de Puerto Rico que según dijo no han estado en la mejor disposición de negociar porque su interés es cobrar la totalidad de los bonos en un tribunal.
La ley de moratoria, dijo, es un “wake up call” para que los acreedores acepten voluntariamente la propuesta de reestructuración que les ha puesto el gobierno sobre la mesa con recortes que van desde 43% (en el caso de Cofina) hasta 26% (en el caso de los GO’s) del intercambio de bonos. “Si no negociamos de buena fe, vamos a tener que usar la ley”, advirtió. En el caso de los bonos del BGF, llevan la peor parte con un recorte de 64% pues ya se trafican a 15 centavos de dólar.
El gobernador quiere mantener el poder exclusivo para declarar moratoria del pago de todas las obligaciones de Puerto Rico, lo cual automáticamente impide que los acreedores hagan reclamaciones de pago y embarguen propiedad pública en un tribunal. El período de emergencia legislado se extiende hasta enero de 2017 cuando toma posesión una nueva administración.
Aunque las posturas de Perelló y Hernández es que los bonos de GO’s deben estar excluidos de la moratoria por estar garantizados por la Constitución, García Padilla minimizó el planteamiento al considerar que su deber es proteger los servicios públicos esenciales, mientras no hayan acuerdos con los acreedores ni el Congreso de Estados Unidos no haya aprobado una herramienta de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
Rechaza vínculo con Wall Street
Luego que el gobernador Alejandro García Padilla vinculó las enmiendas a la Ley de Moratoria con cabilderos de Wall Street, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, le salió al paso al primer ejecutivo y dejó claro que “el pueblo de Puerto Rico debe estar seguro de que ni en la aprobación de la ley ni en la aprobación de las enmiendas la Cámara de Representantes ni ninguno de sus miembros antepuso el bienestar de los bonistas o Wall Street al bienestar del País”.
“Debemos dejar claramente establecido que las propuestas enmiendas a la Ley de Moratoria, para excluir las Obligaciones Generales y los fideicomisos, fueron planteadas y discutidas bajo un entendido de acuerdo donde el presidente de la Comisión de Hacienda cedió para viabilizar la petición del gobernador. Ello permitió que La Ley de Moratoria se aprobara ante un reclamo de realidad; la insolvencia del BGF para el pago de la deuda. Posteriormente las enmiendas se aprobaron con el endoso mayoritario de ambas delegaciones políticas”, sentenció Perelló anoche en declaraciones escritas a preguntas de EL VOCERO.
El líder de la Cámara baja agregó que el Pueblo puede estar seguro que “en la Cámara actuamos motivados por la protección de nuestra gente y la prestación de servicios esenciales además de por preservar un estado de ley y orden constitucional y no por intereses o control de ningún sector externo”.
Aunque el primer ejecutivo adelantó que vetaría las enmiendas al estatuto, Perelló sostuvo que le tocará al Senado evaluarlas y que está seguro que “la Asamblea Legislativa cumplirá su responsabilidad y que una vez eso suceda que el primer ejecutivo cumplirá con la suya, teniendo ambas instituciones constitucionales el mayor respeto a sus prerrogativas”.
En tanto, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, se limitó a decir que las enmiendas serán discutidas en caucus previo a ser consideradas en este cuerpo. Bhatia dijo que evaluarán el proyecto de enmiendas a la Ley de Moratoria, así como el que protege el dinero de las cooperativas.
“Tan pronto exista consenso en nuestro proceder respecto a estas enmiendas o cualquiera otra medida que ayude a enfrentar los retos fiscales del país, así lo notificaremos”, informó el líder senatorial. Bhatia rechazó comentar sobre la controversia entre el gobernador y el representante Rafael Hernández Montañez, quien ha asegurado que el gobernador le garantizó que no vetaría el proyecto.
“Lo importante es mantener el objetivo de cómo logramos mantener los servicios básicos a la gente, la Policía, el Centro Médico. Cada vez que un maestro reciba un cheque, que el cheque no rebote”, indicó Bhatia. “Todo lo demás son procesos normales, pero tenemos que mantener el foco de lo que queremos”.
La Legislatura puede ir por encima del veto del gobernador si en cada cámara se obtienen tres cuartas partes de los votos a
favor. En la Cámara harían falta 34 votos y en el Senado 18 senadores tendrían que votar a favor para ir por encima de un veto del primer ejecutivo. Todo tendría que ocurrir antes del 30 de junio, día que termina la última sesión del cuatrienio.
El proyecto de enmiendas fue aprobado en la Cámara el lunes en la noche con 34 votos a favor, incluyendo toda la delegación presente del Partido Nuevo Progresista (PNP). A 15 minutos de concluida la votación, García Padilla envió declaraciones dejando saber que vetaría la medida si le llega tal y como fue aprobada en la Cámara.
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