La RBU no sólo es una respuesta al dramatismo de las políticas de austeridad y de las pérdidas masivas de empleo que ha dejado la crisis financiera. Es, también, para una oleada creciente de políticos, economistas y sociólogos, una solución a los complejos desafíos y los velados efectos secundarios de la robotización.
El Consejo de Europa, institución que vela por la protección y la defensa de la democracia, la ley y los derechos humanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, acaba de manifestar su apoyo a este instrumento de reposición de ingresos a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo.
En su reunión plenaria de invierno, a finales de enero, el 51% de sus diputados respaldó la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, que reclamaba la puesta en marcha de la RBU en Europa (pertenecen a este organismo, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, todas las naciones europeas excepto Bielorrusia) como medida con la que “asegurar una vida digna a los ciudadanos”, en un contexto en el que los estándares de vida surgidas de la post-crisis “no están en disposición de garantizar ni de proteger la dignidad y la autonomía de las personas”, explica el informe de Catalfo. Un 36%, en cambio, se desmarcaron de esta iniciativa, con un 13% de abstenciones.
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